El Instituto GAP y el Instituto de Gobernanza Local de Kosovo (KLGI) han solicitado la retirada de las disposiciones que consideran discriminatorias del nuevo proyecto de reglamento del municipio de Pristina sobre impuestos, tasas y multas municipales, así como la organización de un proceso de consulta pública independiente y estructurado.
En una respuesta conjunta emitida el miércoles, ambas organizaciones expresaron su preocupación por el contenido del borrador que actualmente se encuentra en consulta pública, y consideraron que algunas de las disposiciones propuestas corren el riesgo de vulnerar los principios de igualdad, proporcionalidad y trato justo a los ciudadanos y las empresas.
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Carta al lector: Por qué solicitamos su apoyo ContribuirSegún ellos, el borrador prevé la imposición de tasas municipales para actividades económicas sin ofrecer una metodología de cálculo clara ni un análisis del impacto económico. Asimismo, la propuesta de imponer una tasa de 10 euros a los vehículos matriculados fuera de Pristina que entren en el territorio de la capital también ha suscitado objeciones.
Sin embargo, en declaraciones realizadas hoy, el alcalde de Pristina, Përparim Rama, destacó que se está considerando una tasa de 1 a 2 euros para los automóviles que ingresan al centro de la capital, y de 10 euros para los camiones. Subrayó que estas tasas no serán necesarias si el Gobierno logra desbloquear los fondos del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) destinados a la construcción de la circunvalación de la ciudad.
GAP y KLGI consideran que dichas medidas crean un trato desigual entre los ciudadanos y las entidades económicas, lo que podría suponer una violación del principio de no discriminación.
Las organizaciones recuerdan que Pristina es el único municipio de Kosovo que recibe una subvención adicional del presupuesto estatal por su condición de capital, con un presupuesto de alrededor de 20 millones de euros anuales. Según explican, este apoyo financiero tiene como objetivo aliviar la carga administrativa y funcional adicional de la ciudad, así como crear mejores condiciones de desarrollo para todos los ciudadanos.
"En este contexto, las políticas municipales que afectan directamente a las empresas y a los ciudadanos deben basarse en el principio de no discriminación y no crear cargas desiguales para determinadas categorías", afirma la respuesta.
GAP y KLGI han pedido al municipio de Pristina que abandone las disposiciones que generan un trato discriminatorio o excluyente, que realice consultas por separado con los grupos afectados y que proporcione un análisis detallado del impacto de los cambios propuestos.
Según ellos, una normativa con un impacto tan amplio no debería abordarse mediante una consulta general formal, sino a través de debates directos con empresas, ciudadanos y grupos de interés.
Finalmente, ambas organizaciones destacan que las regulaciones municipales deben contribuir a la mejora de los servicios y al desarrollo sostenible de la ciudad, garantizando la igualdad de trato para todos los ciudadanos y empresas.