El Defensor del Pueblo, Naim Qelaj, advirtió sobre el deterioro del discurso público en el país y criticó el lenguaje empleado recientemente por figuras públicas y cargos institucionales. Según él, este lenguaje contradice las normas democráticas y los principios de la Constitución.
"El discurso público debería ser más tolerante y no atentar contra la dignidad ajena. Es un problema culpar a un solo bando, porque todos tienen exponentes que usan este tipo de lenguaje", dijo Qelaj en el programa "60 Minutes" de KTV.
Destacó que las redes sociales han influido significativamente en el aumento del discurso de odio, indicando que de una investigación realizada en 2024, “cada octavo comentario contiene discurso de odio”.
Qelaj también habló sobre las quejas de la comunidad serbia en los municipios del norte, diciendo que durante el mandato de los alcaldes albaneses se han presentado varias quejas, desde cuestiones de expropiación, solicitudes de demolición de viviendas, hasta dificultades para obtener documentos personales.
Hemos recibido quejas de diversa índole, las hemos gestionado y atendido. Algunas han recibido soluciones, otras hemos evitado que se vulneren los derechos de la comunidad. Hemos mantenido una comunicación normal con los alcaldes cuyos mandatos han finalizado, y creo que la cooperación continuará también con los alcaldes serbios», anunció.
El Defensor del Pueblo añadió que las instituciones no deben guiarse por posiciones políticas, sino por estándares de derechos humanos, respondiendo al exministro Albulena Haxhiu, quien criticó a esta institución por su postura de que la Lista Serbia debería ser certificada.
El Defensor del Pueblo basa sus posiciones en su experiencia y estándares relacionados con los derechos humanos. No hago declaraciones políticas. Nuestro sistema legal y constitucional no permite excepciones políticas ni decisiones politizadas en materia de representación electoral, añadió.
Qelaj evaluó que el país enfrenta un vacío institucional, destacando la desaceleración en la elaboración de leyes y la falta de planes de gobernanza a largo plazo.
"La falta de instituciones ha provocado estancamiento en todos los ámbitos. Se ha perdido la atención a los elementos básicos que necesitan los ciudadanos, porque todos están ocupados con la carrera política", afirmó.
Finalmente, expresó su preocupación por la falta de debate parlamentario en materia de derechos humanos, lo que a su juicio demuestra una desatención institucional a los problemas que enfrentan los ciudadanos para hacer efectivos sus derechos.